CFE advierte sobre multas y cárcel por el uso de 'diablitos' en medidores
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha intensificado sus advertencias sobre el uso de 'diablitos', conexiones clandestinas que alteran los medidores de luz. Esta práctica, común para reducir recibos, puede acarrear sanciones económicas de hasta 117,310 pesos y penas de prisión de tres a diez años según el Código Penal Federal.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha emitido una advertencia formal sobre las graves consecuencias legales y económicas del uso de "diablitos", término coloquial para referirse a conexiones eléctricas clandestinas que alteran el funcionamiento de los medidores. Esta comunicación cobró especial relevancia en noviembre de 2026, cuando se difundieron cifras que indican que las sanciones por este tipo de irregularidades pueden alcanzar los 117,310 pesos mexicanos.
Es fundamental precisar que esta cantidad no representa una multa automática ni fija que se aplique a cualquier usuario. El monto final depende de la naturaleza específica de la irregularidad detectada, la energía consumida sin registro y las disposiciones legales correspondientes al caso. Durante el año en curso, se han reportado rangos de sanciones que van desde los 23,462 pesos hasta los 117,310 pesos, cifras calculadas a partir de referencias a días multa y al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Sin embargo, las autoridades advierten que estos montos deben interpretarse con cautela. Las multas penales no se determinan necesariamente mediante una conversión directa de la UMA, sino que su cálculo depende de las normas aplicables y de la resolución de la autoridad competente. Más allá de las sanciones económicas, el Código Penal Federal contempla penas de prisión de tres a diez años para conductas relacionadas con la alteración indebida de instalaciones del servicio público de energía eléctrica.
Los llamados "diablitos" implican intervenciones no autorizadas en el cableado, modificaciones al medidor o conexiones directas a la red eléctrica que permiten obtener suministro sin que el consumo quede registrado correctamente. Entre las conductas sancionadas se encuentran la alteración de instalaciones eléctricas, la sustracción de equipos del servicio público y el aprovechamiento de electricidad sin autorización.
El artículo 254 del Código Penal Federal establece sanciones por la sustracción o alteración indebida de equipos e instalaciones del servicio público. Por su parte, el artículo 368 equipara al robo el aprovechamiento de energía eléctrica sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de ella. Esto significa que manipular un medidor para pagar menos no es simplemente una falta administrativa, sino un delito cuando se acreditan los elementos previstos por la legislación.
A las posibles consecuencias penales se suma otro impacto económico significativo: la regularización del suministro y el cobro de la electricidad consumida sin ser registrada o facturada. Por ello, el monto final que enfrente un usuario puede depender de factores distintos a una eventual sanción judicial, incluyendo el costo de la energía sustraída.
La CFE también ha destacado que no todas las irregularidades en el consumo eléctrico implican manipulación intencional. Un medidor puede presentar fallas técnicas o registrar consumos que el usuario considere incorrectos. En estos casos, se recomienda evitar intervenir directamente el equipo y solicitar una revisión oficial.
Los usuarios pueden comunicarse al número 071, acudir a un Centro de Atención a Clientes o utilizar los canales oficiales de la empresa para iniciar el trámite. Cuando se solicita una verificación, si se comprueba que el medidor funciona correctamente, puede generarse un cargo adicional; si se detecta una falla atribuible al equipo, se aplican las condiciones correspondientes al procedimiento.
La diferencia entre reportar un problema y modificar las conexiones por cuenta propia es crítica. Mientras la vía oficial permite buscar una solución técnica, la manipulación independiente genera riesgos eléctricos inmediatos, cargos económicos elevados y responsabilidades legales que pueden incluir prisión.
F.Mejia--BT