PIE DE IMPRENTA
AVISO LEGAL DE «BOGOTÁ TIEMPO»
Última actualización: 29 de octubre de 2026
Entidad editora y prestadora del servicio
«BOGOTÁ TIEMPO», en adelante también «BOGT», es una publicación digital de la división de medios de comunicación de SCANDIC TRUST GROUP LLC, entidad responsable de su actividad editorial y de los servicios que presta en nombre propio.
SCANDIC TRUST GROUP LLC
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
Kyiv — 01014
Ucrania
Correo electrónico: [email protected]
Colaboración y soporte técnico
La colaboración y el soporte técnico se desarrollan con:
SCANDIC ASSETS FZCO
Dubai Silicon Oasis DDP
Building A1/A2
Dubái — 342001
Emiratos Árabes Unidos
Teléfono: +971 54 221 5217
Colaboración comercial
La colaboración comercial se desarrolla con:
LEGIER Beteiligungs mbH
Kurfürstendamm 14
10719 Berlín
República Federal de Alemania
Registro Mercantil: HRB 57837
Órgano registral: Amtsgericht Charlottenburg, Berlín
Número de identificación a efectos del IVA: DE413445833
Teléfono: +49 30 99211 3469
Teléfono adicional: +49 30 99211 3225
Correo electrónico: [email protected]
Distribución de funciones y responsabilidades
SCANDIC TRUST GROUP LLC desempeña las funciones operativas y editoriales de «BOGOTÁ TIEMPO». La colaboración técnica de SCANDIC ASSETS FZCO y la colaboración comercial de LEGIER Beteiligungs mbH no modifican por sí mismas la identidad de la entidad editora ni de la parte contratante identificada en cada servicio. Cada entidad responde de sus propias actuaciones y de las obligaciones que le correspondan conforme a la legislación aplicable.
Dirección editorial y responsable de contenidos
La dirección editorial corresponde a Steven Snyder, en calidad de Editor-in-Chief / director editorial. Las comunicaciones relativas a contenidos, aclaraciones y rectificaciones pueden dirigirse a su atención mediante los siguientes datos de contacto, respetando los requisitos legalmente aplicables.
Steven Snyder — Dirección editorial
BOGOTÁ TIEMPO
c/o SCANDIC TRUST GROUP LLC
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
Kyiv — 01014
Ucrania
Correo electrónico: [email protected]
Objeto y ámbito de aplicación
Este aviso identifica a la entidad editora y establece disposiciones generales sobre los contenidos y servicios de «BOGOTÁ TIEMPO». El ordenamiento colombiano se aplicará cuando corresponda por razón de la actividad, la relación jurídica o las normas de aplicación territorial pertinentes. La localización internacional de las entidades participantes no excluye las disposiciones imperativas aplicables en Colombia ni determina por sí sola la aplicación exclusiva de un ordenamiento extranjero.
Información de interés
Hace 58 años (a fecha de 1 de Enero de 2026), el diario colombiano "BOGOTÁ TIEMPO", fundado por Cristóbal Ochoa en el distrito Chapinero de la capital colombiana, Bogotá, y apareció por primera vez el 1 de mayo de 1968. En su nueva edición, "BOGOTÁ TIEMPO" pasó de ser una voz local a convertirse en una institución nacional colombiana, venerada como diario por su inquebrantable compromiso con la verdad, la integridad y el progreso social. "BOGOTÁ TIEMPO" presta especial atención a la cobertura de temas sociales, los derechos humanos y la promoción del proceso de paz en Colombia. Al mismo tiempo, "BOGOTÁ TIEMPO" se distingue por su periodismo de investigación y sus análisis en profundidad, que marcan el discurso público e impulsan el cambio, desde análisis profundos hasta revelaciones valientes que conmueven al país. "BOGOTÁ TIEMPO" ofrece noticias y opiniones las 24 horas del día, los siete días de la semana, en seis idiomas: portugués, español, inglés, alemán, italiano y francés, con la misión de ofrecer un periodismo de calidad que informe, inspire y conecte. La actual oferta digital «BOGOTÁ TIEMPO» recupera este título periodístico histórico. Del año de aparición de la publicación histórica no se deriva una actividad editorial ininterrumpida ni una identidad jurídica con aquella publicación.
Perfil editorial
«BOGOTÁ TIEMPO» es un diario de orientación liberal-conservadora cuya línea editorial corresponde a sus responsables editoriales. Periodistas independientes aportan contenidos a sus distintas secciones. La publicación informa sobre política, economía, cultura, sociedad, derechos humanos, participación ciudadana y actualidad internacional, nacional y regional, con especial atención a Bogotá y a Colombia.
Código editorial y principios deontológicos
La actividad periodística se orienta por la independencia, la diligencia profesional, la veracidad y el respeto a los derechos fundamentales. Las noticias, las opiniones, la publicidad y las comunicaciones comerciales deben distinguirse de forma reconocible. Las colaboraciones firmadas expresan las posiciones de sus autores. Los compromisos deontológicos complementan las obligaciones legales y no sustituyen los derechos de las personas afectadas ni la competencia de las autoridades.
Libertad de expresión, información y prensa
El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia protege la expresión de pensamientos y opiniones, el derecho a informar y recibir información veraz e imparcial y la libertad de fundar medios de comunicación. Reconoce su responsabilidad social, garantiza la rectificación en condiciones de equidad y prohíbe la censura. Estas garantías constituyen el fundamento constitucional de la actividad informativa de «BOGOTÁ TIEMPO».
Jurisprudencia sobre hechos, opiniones y responsabilidad informativa
La Sentencia T-391 de 2007 de la Corte Constitucional distingue la comunicación de hechos de la expresión de opiniones. Las informaciones fácticas están sometidas a exigencias de veracidad e imparcialidad; los juicios de valor no se comprueban del mismo modo. La protección constitucional comprende expresiones críticas o incómodas, pero exige ponderar los derechos afectados y no ampara presentar como hechos acreditados afirmaciones carentes de sustento suficiente.
Honra, buen nombre e intimidad
Los artículos 15 y 21 de la Constitución Política protegen la intimidad personal y familiar, el buen nombre y la honra. La relevancia pública de una persona no elimina su vida privada. La difusión de información debe atender a su relación con un asunto de interés general y evitar la divulgación innecesaria de detalles íntimos. La verdad de un dato privado no justifica, por sí sola, cualquier forma de exposición pública.
Información sobre investigaciones y procedimientos judiciales
La Sentencia T-040 de 2013 subraya la diligencia exigible al informar sobre investigaciones judiciales y la importancia de que los titulares no induzcan a error. La cobertura distinguirá entre denuncia, investigación, acusación y condena. Una noticia no debe anticipar una declaración de culpabilidad ni mantener una presentación engañosa sobre la situación procesal de una persona. Los titulares, imágenes y resúmenes deben corresponder al contenido y al estado conocido del procedimiento.
Declaraciones de terceros y atribución de acusaciones
Las declaraciones ajenas deben atribuirse de forma clara y diferenciarse de las afirmaciones asumidas por el medio. El artículo 222 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, contempla la injuria y la calumnia indirectas. La referencia a un tercero o el uso de fórmulas impersonales no constituye una exención automática de responsabilidad. La difusión debe respetar las garantías constitucionales del periodismo y los requisitos de las normas aplicables.
Límites de la crítica y jurisprudencia constitucional
La Sentencia C-442 de 2011 examinó la regulación penal de la injuria y la calumnia y su relación con la libertad de expresión. La aplicación de estas figuras exige atender a sus elementos y a la interpretación constitucional, sin equiparar automáticamente una opinión severa o desagradable con una conducta delictiva. La crítica a actuaciones de interés público debe valorarse en su contexto y con respeto por la protección reforzada del debate democrático.
Imagen personal y publicaciones en redes sociales
La Sentencia T-634 de 2013, de 13 de septiembre, reconoce que autorizar el uso de la propia imagen no supone una renuncia definitiva a ese derecho y exige atender a la finalidad autorizada. La presencia de una fotografía en Internet no se considerará, por sí sola, permiso para cualquier reutilización. Los usos editoriales y publicitarios deben contar con fundamento suficiente y respetar la imagen, la intimidad y los demás derechos concurrentes.
Derecho de rectificación en condiciones de equidad
Las personas afectadas por información inexacta o errónea pueden solicitar su rectificación a [email protected], identificando la publicación, los hechos cuestionados y las razones de su solicitud. La Sentencia T-219 de 2009 exige una rectificación pública por quien difundió la información, con relevancia equivalente y reconocimiento efectivo del error. Una respuesta privada o una publicación que mantenga la tergiversación no satisface por sí sola estas condiciones.
Solicitud previa y acción de tutela
El artículo 42, numeral 7, del Decreto 2591 de 1991 regula la tutela contra particulares cuando se solicita la rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En los términos de esta disposición y de la jurisprudencia aplicable, debe acreditarse la publicación y la solicitud de rectificación que no haya recibido una respuesta eficaz. Este requisito específico no constituye una prohibición general de acudir a un abogado ni una renuncia a otras acciones legalmente disponibles.
Actualización de noticias y archivos periodísticos
La conservación de una noticia debe permitir comprender su contexto temporal. Cuando acontecimientos posteriores cambien de manera relevante la situación descrita, podrá resultar necesaria su actualización para evitar una representación engañosa. Las decisiones que pongan fin a un procedimiento deben identificarse con precisión, distinguiendo, entre otros supuestos, la absolución, el archivo y la prescripción, sin atribuirles efectos jurídicos idénticos.
Jurisprudencia sobre archivos digitales y buscadores
En la Sentencia T-277 de 2015, de 12 de mayo, la Corte Constitucional abordó una noticia judicial desactualizada disponible en Internet. Dispuso medidas dirigidas al medio para actualizar la información y limitar su localización mediante buscadores, preservando la publicación. La decisión no establece una eliminación automática de todo archivo antiguo ni una obligación general de retirar cualquier información desfavorable: requiere atender a las circunstancias y derechos del caso concreto.
Libertad de expresión en redes sociales
La Sentencia SU-420 de 2019, de 12 de septiembre, estableció criterios para resolver conflictos entre libertad de expresión, honra y buen nombre en redes sociales. La intervención judicial depende de los requisitos de procedencia y del contexto de la comunicación. El desacuerdo o la incomodidad que produzca una publicación no determinan, por sí solos, su ilicitud ni justifican automáticamente su retirada.
Independencia periodística y protección de las fuentes
Los artículos 73 y 74 de la Constitución Política protegen la libertad e independencia profesional del periodismo y la inviolabilidad del secreto profesional. El artículo 385 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, incluye la relación entre periodista y fuente entre las excepciones al deber de declarar. «BOGOTÁ TIEMPO» preservará las fuentes y comunicaciones protegidas conforme a estas garantías.
Responsabilidad por los contenidos
La responsabilidad por los contenidos se determinará conforme al ordenamiento colombiano aplicable y a las circunstancias de cada actuación. El artículo 2341 del Código Civil establece la obligación de indemnizar el daño causado mediante delito o culpa. La recepción de material de agencias o colaboradores no genera una inmunidad general. Este aviso no excluye las responsabilidades que no puedan limitarse válidamente.
Comunicación de posibles vulneraciones
Las comunicaciones sobre posibles vulneraciones de derechos pueden remitirse a [email protected], indicando el contenido, su ubicación, el derecho afectado y los elementos necesarios para identificar la incidencia. Este canal no impone una renuncia a la asistencia letrada ni sustituye los requisitos de una rectificación, reclamación administrativa o acción judicial.
Enlaces externos
Los enlaces permiten acceder a documentos, fuentes y servicios de terceros. Su inclusión no implica necesariamente adhesión a todas las afirmaciones de las páginas enlazadas. La responsabilidad por incorporar o mantener un enlace dependerá del contexto, del contenido, del conocimiento de la situación y de las normas aplicables. La mera condición de enlace externo no establece una exención absoluta de responsabilidad.
Foros y participación de usuarios
«BOGOTÁ TIEMPO» no gestiona foros propios. La eventual incorporación de comentarios u otras funciones de participación requerirá condiciones adecuadas a su naturaleza y al régimen colombiano aplicable. Las aportaciones de terceros deberán respetar los derechos de las personas afectadas. La publicación de contenidos propios y el alojamiento de aportaciones ajenas se valorarán según las funciones efectivamente desempeñadas.
Publicidad y comunicaciones comerciales
La publicidad y los contenidos patrocinados deberán distinguirse del contenido editorial. La Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, prohíbe la publicidad engañosa. Su artículo 30 establece la responsabilidad del anunciante y prevé responsabilidad solidaria del medio cuando se demuestre dolo o culpa grave. La identificación del patrocinador no autoriza a difundir afirmaciones engañosas ni sustituye las restricciones sectoriales aplicables.
Servicios contratados y protección del consumidor
Cuando resulte aplicable la Ley 1480 de 2011, los servicios contratados deberán respetar las obligaciones de información, calidad, idoneidad y protección contractual. Antes de contratar se informará sobre el proveedor, las características de la prestación, el precio total, la duración y las condiciones relevantes. En el comercio electrónico se observarán las exigencias del artículo 50, con las modificaciones introducidas por la Ley 2439 de 2024.
Derecho de retracto
El artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 reconoce, en los supuestos que regula, un plazo de cinco días hábiles para ejercer el retracto, contado desde la entrega del bien o la celebración del contrato de servicios. Se aplican sus excepciones, incluida la prestación iniciada con acuerdo del consumidor. Para comercio electrónico, la Ley 2439 de 2024 fija la devolución en un máximo de quince días calendario, una vez ejercido el derecho y cumplidas las obligaciones legales de información y devolución.
Reversión del pago
El artículo 51 de la Ley 1480 de 2011 regula la reversión de determinados pagos electrónicos por fraude, operaciones no solicitadas, falta de recepción, productos distintos de los pedidos o defectuosos. Cuando proceda, el consumidor debe reclamar al proveedor y notificar al emisor del instrumento de pago dentro de los cinco días hábiles previstos por la norma, cumpliendo los demás requisitos legales.
Reclamaciones de consumo y autoridad competente
Las reclamaciones pueden dirigirse a [email protected]. El artículo 58, numeral 5, de la Ley 1480 de 2011 contempla la reclamación directa y un plazo de quince días hábiles para responder. Permanecen disponibles las acciones y mecanismos legalmente procedentes. La Superintendencia de Industria y Comercio — SIC ejerce las competencias de protección del consumidor que le atribuye el ordenamiento. Información institucional: www.sic.gov.co.
Mensajes de datos y contratación electrónica
La Ley 527 de 1999 reconoce efectos jurídicos y valor probatorio a los mensajes de datos conforme a sus requisitos. La contratación electrónica debe permitir acreditar la aceptación y conservar la información pertinente. La validez de una comunicación no se rechaza por su formato electrónico, pero depende de las exigencias aplicables de identificación, integridad y prueba. La mera visita al sitio no equivale a aceptar cualquier obligación de pago.
Servicios informativos y audiovisuales
Los servicios informativos y audiovisuales comprenden, conforme a las licencias y acuerdos correspondientes, materiales de AFP — Agence France-Presse; APA — Austria Press Agency; REUTERS — Thomson Reuters Corp.; PTI — Press Trust of India; EuroNews; ANSA — Agenzia Nazionale Stampa Associata; Adnkronos; SID; Xinhua; AP — Associated Press; CORBIS — Unity Glory; VCG — Visual China Group; ANI — Asian News International; NOTIFIED; Polska Agencja Prasowa; y Yonhap News Agency. Se respetarán las atribuciones y condiciones de utilización de cada proveedor.
Distribución internacional de noticias empresariales
ThomsonReuters OnePass / PressPass by businesswire a BERKSHIRE-HATHAWAY COMPANY / AP-CONTENT:
A través de los acuerdos de distribución correspondientes, «BOGOTÁ TIEMPO» ofrece servicios de difusión de noticias empresariales destinados a circuitos informativos internacionales vinculados, entre otros, a Fráncfort — XFRA, Frankfurter Wertpapierbörse y Xetra; Nueva York — NYSE; Tokio — Tokyo Stock Exchange; Londres — London Stock Exchange; Kyodo News; SIX Swiss Exchange; la Bolsa de Viena; y Shanghai Stock Exchange. El alcance depende del servicio contratado y no garantiza la publicación por terceros ni el cumplimiento automático de obligaciones de información bursátil.
Infraestructura técnica y seguridad
La infraestructura técnica indicada para «BOGOTÁ TIEMPO» comprende recursos en Boston, Estados Unidos, y Kuala Lumpur, Malasia, con servicios vinculados a ASPECTRA — Convotis Swiss Cloud / CONVOTIS Schweiz AG, Suiza, y soluciones de Iron Mountain y Darktrace. Las medidas de seguridad deben adecuarse a los riesgos e incluir, según corresponda, cifrado, control de accesos, supervisión y copias de respaldo. Estas tecnologías no constituyen una garantía de invulnerabilidad absoluta o de disponibilidad ininterrumpida.
Protección de datos personales
El tratamiento sujeto al régimen general colombiano se rige por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su reglamentación, compilada en el Decreto 1074 de 2015. Su ámbito comprende el tratamiento efectuado en Colombia y los supuestos en que la legislación colombiana resulte aplicable a responsables o encargados no establecidos en el país conforme a las normas y tratados correspondientes.
Información periodística y contenidos editoriales
El artículo 2, literal d, de la Ley 1581 de 2012 exceptúa del régimen general las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. La Sentencia C-748 de 2011 examinó esta excepción como garantía de la libertad de prensa. Los principios de protección de datos y los derechos constitucionales siguen siendo relevantes; la excepción no se extiende automáticamente a bases de clientes, publicidad, suscripciones o gestión administrativa.
Responsable del tratamiento y contacto
SCANDIC TRUST GROUP LLC actúa como responsable de los tratamientos cuyos fines y condiciones determina. Las consultas y reclamos pueden dirigirse a [email protected]. La información suministrada al recoger datos deberá identificar al responsable, explicar las finalidades y los derechos del titular e indicar el carácter facultativo de las respuestas relativas a datos sensibles o de menores, cuando corresponda.
Autorización, finalidad y calidad de los datos
Cuando resulte exigible, el tratamiento requerirá autorización previa, expresa e informada, conservada de manera que pueda consultarse posteriormente. Los datos se utilizarán para finalidades legítimas e informadas y deberán mantener la calidad exigida por la ley. Las excepciones a la autorización no eliminan las restantes obligaciones aplicables de seguridad, confidencialidad y respeto a los derechos de sus titulares.
Derechos de los titulares
En los tratamientos sujetos a la Ley 1581 de 2012, los titulares pueden conocer, actualizar y rectificar sus datos, solicitar prueba de la autorización cuando sea exigible, recibir información sobre su uso y acceder a ellos en los términos legales. También pueden solicitar la revocatoria de la autorización o la supresión cuando procedan. La eliminación no será exigible cuando subsista una obligación legal o contractual que justifique la conservación.
Plazos para consultas y reclamos de datos personales
Las consultas se atienden en un máximo de diez días hábiles desde su recepción, con una ampliación legal máxima de cinco días hábiles cuando resulte necesaria. Los reclamos se resuelven en quince días hábiles, contados desde el día siguiente a su recepción, ampliables hasta ocho días hábiles adicionales en los términos legales. Las demoras deben informarse con sus motivos y la fecha de respuesta. Se aplicarán las reglas de subsanación a las solicitudes incompletas.
Autoridad de protección de datos y tutela de derechos
La Superintendencia de Industria y Comercio — SIC, por medio de la autoridad competente en protección de datos personales, ejerce las funciones previstas en la Ley 1581 de 2012. Su artículo 16 exige agotar previamente la consulta o el reclamo ante el responsable o encargado antes de elevar la queja correspondiente. La protección constitucional de los derechos permanece disponible cuando concurran sus requisitos. Información institucional: www.sic.gov.co.
Cookies y tecnologías similares
Cuando las cookies u otras tecnologías recojan o permitan tratar datos personales, deberán respetarse las obligaciones colombianas de información y autorización que correspondan. La SIC ha reconocido expresamente que la recolección de datos mediante cookies puede constituir tratamiento efectuado en Colombia. Las finalidades de medición, personalización o publicidad deberán explicarse de forma comprensible; la mera continuación de la navegación no se tratará como una autorización ilimitada.
Proveedores y contratos de transmisión de datos
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Transferencias y transmisiones internacionales
Las transferencias a otro responsable y las transmisiones a un encargado están sujetas a reglas diferentes. Las transferencias internacionales deben respetar el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012, incluidos los requisitos de protección adecuada, excepciones o declaración de conformidad que correspondan. Las transmisiones se rigen por las disposiciones específicas del Decreto 1074 de 2015 y las instrucciones aplicables de la SIC. La ubicación extranjera de un servidor no acredita por sí sola el cumplimiento.
Protección de los derechos de autor
Los contenidos protegidos se rigen por la Ley 23 de 1982, sus modificaciones y la Decisión Andina 351 de 1993. La reproducción, distribución, transformación o comunicación pública requiere autorización cuando no resulte aplicable una excepción. La accesibilidad de un contenido en Internet no equivale a una licencia general. Deben respetarse tanto los derechos patrimoniales como los derechos morales y las condiciones correspondientes a materiales de terceros.
Citas y reutilización de contenidos
El artículo 31 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 22, literal a, de la Decisión Andina 351 permiten citas dentro de sus requisitos legales. Deben respetarse la identificación del autor y de la fuente u obra, los usos honrados y la extensión justificada por la finalidad. Una reproducción sustancial encubierta no se convierte en cita lícita por añadir un enlace o una mención de procedencia.
Extracción automatizada y utilización de archivos
La recopilación automatizada, extracción o reutilización de textos, fotografías, bases de datos y otros contenidos debe respetar los derechos que efectivamente los protejan y las excepciones aplicables. La utilización de herramientas automatizadas no amplía por sí sola las autorizaciones de uso. Esta disposición no pretende atribuir exclusividad sobre hechos, ideas o materiales que legalmente carezcan de protección.
Materiales y colaboraciones no solicitados
El envío de textos, fotografías, documentos u otros materiales no garantiza su publicación ni genera automáticamente un derecho a remuneración. Quien los remita deberá disponer de los derechos necesarios e indicar las restricciones de utilización o confidencialidad. La recepción no se interpretará como una cesión ilimitada de derechos. Las condiciones de las colaboraciones profesionales se establecerán mediante el acuerdo correspondiente.
Protección de niñas, niños y adolescentes
La Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece en su artículo 47 responsabilidades especiales para los medios. Deben respetarse la prevalencia de los derechos de los menores y las restricciones sobre entrevistas e identificación de víctimas, autores o testigos de hechos delictivos. Las excepciones y autorizaciones se sujetan a la ley y al interés superior del menor; no justifican exposiciones perjudiciales o discriminatorias.
Disponibilidad y naturaleza de la información
Los contenidos reflejan la información disponible en su contexto de publicación. Los servicios pueden experimentar interrupciones por mantenimiento, incidencias técnicas u otras circunstancias. La información general no constituye asesoramiento jurídico, médico, financiero o profesional individualizado. Estas precisiones no excluyen las obligaciones de diligencia ni los derechos de quienes contraten servicios.
Derecho aplicable y autoridades competentes
La ley aplicable y la competencia se determinarán conforme a las normas colombianas e internacionales pertinentes y a la naturaleza de cada relación. Este aviso no impone una sumisión exclusiva general a tribunales extranjeros ni limita el acceso a las autoridades colombianas cuando sean competentes. Las condiciones particulares de un servicio deberán respetar las normas imperativas y los derechos del consumidor que correspondan.
Validez jurídica y versiones lingüísticas
Este aviso se facilita en español y en inglés. Ambas versiones deben interpretarse de forma coherente, respetando los textos oficiales y el alcance de las normas citadas. La eventual invalidez de una estipulación no autoriza a sustituirla por una restricción contraria a derechos imperativos. Las modificaciones posteriores se identificarán mediante la fecha de actualización y no alterarán retroactivamente los derechos adquiridos.
Contacto
Para consultas, solicitudes, rectificaciones o comunicaciones relacionadas con «BOGOTÁ TIEMPO»: [email protected].
© 2026 «BOGOTÁ TIEMPO».
Todos los derechos reservados, sin perjuicio de las excepciones y limitaciones legales.
LEGAL NOTICE OF “BOGOTÁ TIEMPO”
Publisher and service provider
“BOGOTÁ TIEMPO”, also referred to as “BOGT”, is a digital publication of the media division of SCANDIC TRUST GROUP LLC, the entity responsible for its publishing activities and for services provided in its own name.
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Technical cooperation and support
Technical cooperation and support are provided in collaboration with:
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Dubai Silicon Oasis DDP
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Dubai — 342001
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Commercial cooperation
Commercial cooperation is conducted with:
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Federal Republic of Germany
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Allocation of functions and responsibilities
SCANDIC TRUST GROUP LLC performs the operational and editorial functions of “BOGOTÁ TIEMPO”. Technical cooperation with SCANDIC ASSETS FZCO and commercial cooperation with LEGIER Beteiligungs mbH do not, in themselves, change the identity of the publisher or the contracting party identified for a particular service. Each entity remains responsible for its own conduct and for the obligations imposed on it by applicable law.
Editorial management and responsibility for content
Editorial management is entrusted to Steven Snyder, acting as Editor-in-Chief. Communications concerning content, clarifications and rectification may be addressed to him using the following contact details, subject to applicable legal requirements.
Steven Snyder — Editorial Management
BOGOTÁ TIEMPO
c/o SCANDIC TRUST GROUP LLC
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
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Purpose and scope
This notice identifies the publisher and sets out general provisions concerning the content and services of “BOGOTÁ TIEMPO”. Colombian law applies where required by the activity, legal relationship or relevant territorial rules. The international location of the participating entities does not exclude mandatory provisions applicable in Colombia or, by itself, establish the exclusive application of foreign law.
Information of interest
58 years ago (as of 1 January 2026), the Colombian daily newspaper “BOGOTÁ TIEMPO” was founded by Cristóbal Ochoa in the Chapinero district of Colombia’s capital, Bogotá, and first appeared on 1 May 1968. In its new edition, “BOGOTÁ TIEMPO” grew from a local voice into a Colombian national institution, revered as a daily newspaper for its unwavering commitment to truth, integrity and social progress. “BOGOTÁ TIEMPO” pays particular attention to coverage of social issues, human rights and the promotion of Colombia’s peace process. At the same time, “BOGOTÁ TIEMPO” distinguishes itself through investigative journalism and in-depth analysis that shape public discourse and drive change, from penetrating analyses to courageous revelations that move the country. “BOGOTÁ TIEMPO” provides news and opinions 24 hours a day, seven days a week, in six languages: Portuguese, Spanish, English, German, Italian and French, with the mission of delivering quality journalism that informs, inspires and connects.
The present digital publication “BOGOTÁ TIEMPO” revives this historic newspaper title. The year in which the historical publication first appeared does not imply uninterrupted publishing activity or legal identity with that publication.
Editorial profile
“BOGOTÁ TIEMPO” is a newspaper with a liberal-conservative orientation whose editorial direction is determined by its editorial management. Independent journalists contribute to its various sections. The publication covers politics, economics, culture, society, human rights, civic participation and international, national and regional affairs, with particular attention to Bogotá and Colombia.
Editorial code and ethical principles
Journalism is guided by independence, professional diligence, truthfulness and respect for fundamental rights. News, opinion, advertising and commercial communications must be recognisably distinct. Signed contributions express their authors’ positions. Ethical commitments supplement legal obligations and do not replace the rights of affected persons or the powers of competent authorities.
Freedom of expression, information and the press
Article 20 of Colombia’s Political Constitution protects the expression of thoughts and opinions, the right to provide and receive truthful and impartial information, and the freedom to establish media organisations. It recognises their social responsibility, guarantees rectification under equitable conditions and prohibits censorship. These guarantees provide the constitutional foundation for the reporting activities of “BOGOTÁ TIEMPO”.
Case law on facts, opinions and reporting responsibilities
Constitutional Court Judgment T-391 of 2007 distinguishes factual reporting from the expression of opinions. Factual information is subject to requirements of truthfulness and impartiality; value judgments are not verified in the same way. Constitutional protection includes critical or uncomfortable expression, but requires consideration of affected rights and does not protect presenting insufficiently supported assertions as established facts.
Honour, reputation and privacy
Articles 15 and 21 of the Constitution protect personal and family privacy, reputation and honour. Public prominence does not extinguish private life. Disclosure should relate to a matter of general interest and avoid unnecessary publication of intimate details. The truth of a private fact does not, by itself, justify every form of public exposure.
Reporting on investigations and judicial proceedings
Judgment T-040 of 2013 emphasises diligence when reporting on judicial investigations and the importance of avoiding misleading headlines. Coverage will distinguish between complaints, investigations, accusations and convictions. Reporting must not anticipate a finding of guilt or maintain a misleading account of a person’s procedural position. Headlines, images and summaries must correspond to the content and known status of the proceedings.
Third-party statements and attribution of allegations
Third-party statements must be clearly attributed and distinguished from assertions adopted by the publication. Article 222 of Law 599 of 2000, the Criminal Code, addresses indirect injuria and calumnia. Referring to another source or using impersonal wording does not automatically exclude liability. Publication must respect constitutional safeguards for journalism and the requirements of applicable law.
Limits of criticism and constitutional case law
Judgment C-442 of 2011 examined the criminal regulation of injuria and calumnia and its relationship with freedom of expression. Applying these offences requires consideration of their elements and constitutional interpretation; a severe or unpleasant opinion is not automatically criminal. Criticism concerning matters of public interest must be assessed in context and with respect for the enhanced protection of democratic debate.
Personal image and social media publications
Judgment T-634 of 2013, dated 13 September, recognises that authorising use of one’s image does not permanently waive that right and requires attention to the authorised purpose. A photograph’s availability online will not, by itself, be treated as permission for unrestricted reuse. Editorial and advertising uses require sufficient grounds and must respect image rights, privacy and other applicable rights.
Right to rectification under equitable conditions
Persons affected by inaccurate or erroneous information may request rectification at [email protected], identifying the publication, disputed facts and reasons. Judgment T-219 of 2009 requires public rectification by the party that disseminated the information, with equivalent prominence and effective acknowledgment of the error. A private response or publication that preserves the distortion does not, by itself, satisfy these conditions.
Prior request and constitutional protection proceedings
Article 42(7) of Decree 2591 of 1991 governs acción de tutela proceedings against private parties where rectification of inaccurate or erroneous information is sought. Under that provision and applicable case law, evidence must be provided of the publication and the rectification request that did not receive an effective response. This specific prerequisite does not generally prohibit obtaining legal representation or waive other available remedies.
Updating reports and news archives
Preserving a report must allow its historical context to be understood. Where subsequent events materially change the situation described, updating may be necessary to avoid a misleading account. Decisions ending proceedings must be identified accurately, distinguishing, for example, acquittal, closure and expiry of the limitation period, without treating their legal effects as identical.
Case law on digital archives and search engines
In Judgment T-277 of 2015, dated 12 May, the Constitutional Court addressed an outdated report on criminal proceedings available online. It ordered measures directed at the publisher to update the information and restrict its discoverability through search engines while preserving the publication. The decision does not require automatic deletion of every old archive or removal of all unfavourable information; the circumstances and rights in each case must be considered.
Freedom of expression on social networks
Judgment SU-420 of 2019, dated 12 September, established criteria for resolving conflicts between freedom of expression, honour and reputation on social networks. Judicial intervention depends on procedural requirements and the context of the communication. Disagreement or discomfort caused by a publication does not, by itself, establish unlawfulness or automatically justify removal.
Journalistic independence and source protection
Articles 73 and 74 of the Constitution protect journalism’s freedom and professional independence and the inviolability of professional secrecy. Article 385 of Law 906 of 2004, the Code of Criminal Procedure, includes the journalist–source relationship among exceptions to the duty to testify. “BOGOTÁ TIEMPO” will preserve protected sources and communications in accordance with these safeguards.
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“BOGOTÁ TIEMPO” does not operate its own forums. Any future introduction of comments or participation features will require terms appropriate to their nature and applicable Colombian law. Third-party contributions must respect the rights of affected persons. Publishing the medium’s own content and hosting contributions from others will be assessed according to the functions actually performed.
Advertising and commercial communications
Advertising and sponsored content must be distinguishable from editorial material. Law 1480 of 2011, the Consumer Statute, prohibits misleading advertising. Article 30 establishes advertiser liability and provides for the medium’s joint and several liability where intentional misconduct or gross negligence is established. Identifying the sponsor does not authorise misleading claims or replace applicable sector-specific restrictions.
Contracted services and consumer protection
Where Law 1480 of 2011 applies, contracted services must respect information, quality, fitness and contractual protection requirements. Before contracting, customers will receive information about the provider, service characteristics, total price, duration and relevant terms. E-commerce must comply with Article 50, including the amendments introduced by Law 2439 of 2024.
Right of withdrawal
Article 47 of Law 1480 of 2011 provides, in the circumstances it regulates, five business days to exercise withdrawal, starting from delivery of goods or conclusion of a service contract. Statutory exceptions apply, including services begun with the consumer’s agreement. For e-commerce, Law 2439 of 2024 sets a maximum refund period of fifteen calendar days, once withdrawal is exercised and statutory information and return obligations have been fulfilled.
Payment reversal
Article 51 of Law 1480 of 2011 regulates reversal of certain electronic payments involving fraud, unsolicited transactions, non-receipt, incorrect products or defects. Where applicable, the consumer must complain to the supplier and notify the payment-instrument issuer within the statutory five-business-day period, complying with the other legal requirements.
Consumer complaints and competent authority
Complaints may be sent to [email protected]. Article 58(5) of Law 1480 of 2011 provides for direct complaints and a fifteen-business-day response period. Available legal actions and remedies remain unaffected. The Superintendence of Industry and Commerce — SIC exercises its statutory consumer protection powers. Institutional information: www.sic.gov.co.
Data messages and electronic contracting
Law 527 of 1999 recognises the legal effects and evidential value of data messages subject to its requirements. Electronic contracting must allow acceptance to be established and relevant information preserved. A communication is not denied validity because it is electronic, but applicable identification, integrity and evidential requirements remain relevant. Visiting the website alone does not constitute acceptance of unrestricted payment obligations.
News and audiovisual services
News and audiovisual services include, subject to the relevant licences and agreements, material from AFP — Agence France-Presse; APA — Austria Press Agency; REUTERS — Thomson Reuters Corp.; PTI — Press Trust of India; EuroNews; ANSA — Agenzia Nazionale Stampa Associata; Adnkronos; SID; Xinhua; AP — Associated Press; CORBIS — Unity Glory; VCG — Visual China Group; ANI — Asian News International; NOTIFIED; Polska Agencja Prasowa; and Yonhap News Agency. Each provider’s attribution requirements and conditions of use must be respected.
International distribution of corporate news
ThomsonReuters OnePass / PressPass by businesswire a BERKSHIRE-HATHAWAY COMPANY / AP-CONTENT:
Through the relevant distribution agreements, “BOGOTÁ TIEMPO” offers corporate news distribution services intended for international information networks connected, among others, with Frankfurt — XFRA, Frankfurter Wertpapierbörse and Xetra; New York — NYSE; Tokyo — Tokyo Stock Exchange; London — London Stock Exchange; Kyodo News; SIX Swiss Exchange; the Vienna Stock Exchange; and Shanghai Stock Exchange. The scope depends on the contracted service and does not guarantee third-party publication or automatic fulfilment of securities disclosure obligations.
Technical infrastructure and security
The technical infrastructure specified for “BOGOTÁ TIEMPO” includes resources in Boston, United States, and Kuala Lumpur, Malaysia, with services associated with ASPECTRA — Convotis Swiss Cloud / CONVOTIS Schweiz AG, Switzerland, and Iron Mountain and Darktrace solutions. Security measures must reflect the risks and include encryption, access controls, monitoring and backups where appropriate. These technologies do not guarantee absolute invulnerability or uninterrupted availability.
Personal data protection
Processing subject to Colombia’s general regime is governed by Statutory Law 1581 of 2012 and its regulations, consolidated in Decree 1074 of 2015. Its scope includes processing performed in Colombia and circumstances in which Colombian law applies to controllers or processors outside the country under the relevant rules and treaties.
Journalistic information and editorial content
Article 2(d) of Law 1581 of 2012 exempts databases and archives of journalistic information and other editorial content from the general regime. Judgment C-748 of 2011 examined this exception as a safeguard for press freedom. Data protection principles and constitutional rights remain relevant; the exception does not automatically cover customer, advertising, subscription or administrative databases.
Controller and contact
SCANDIC TRUST GROUP LLC acts as controller for processing whose purposes and conditions it determines. Enquiries and complaints may be sent to [email protected]. Information given when collecting data must identify the controller, explain purposes and rights, and indicate the optional nature of responses concerning sensitive data or children’s data where applicable.
Authorisation, purpose and data quality
Where required, processing needs prior, express and informed authorisation recorded in a form that can subsequently be consulted. Data will be used for legitimate, disclosed purposes and must meet statutory quality requirements. Exceptions to authorisation do not remove other applicable obligations concerning security, confidentiality and respect for individuals’ rights.
Data subjects’ rights
For processing governed by Law 1581 of 2012, individuals may obtain information about, update and rectify their data, request evidence of authorisation where required, receive information about use and access their data under statutory conditions. They may also request withdrawal of authorisation or deletion where applicable. Deletion is not required where an ongoing legal or contractual obligation justifies retention.
Deadlines for personal data enquiries and complaints
Enquiries must be answered within ten business days of receipt, with a maximum statutory extension of five business days where necessary. Complaints must be resolved within fifteen business days, starting the day after receipt, extendable by up to eight further business days under the statutory conditions. Any delay must be notified with reasons and the response date. Rules on completing deficient requests apply where relevant.
Data protection authority and remedies
The Superintendence of Industry and Commerce — SIC, through its competent data protection authority, exercises the functions established by Law 1581 of 2012. Article 16 requires prior completion of the enquiry or complaint procedure before the controller or processor before bringing the corresponding complaint to the SIC. Constitutional remedies remain available where their requirements are met. Institutional information: www.sic.gov.co.
Cookies and similar technologies
Where cookies or other technologies collect or process personal data, applicable Colombian information and authorisation requirements must be respected. The SIC has expressly recognised that collecting data through cookies can constitute processing performed in Colombia. Measurement, personalisation and advertising purposes must be explained understandably; continued browsing alone will not be treated as unlimited authorisation.
Providers and data transmission agreements
Where a processor handles data on a controller’s behalf, the transmission agreement must define the processing scope, assigned activities and corresponding obligations. Article 2.2.2.25.5.2 of Decree 1074 of 2015 requires attention to authorised purposes, data protection principles, security and confidentiality. Purchasing infrastructure services does not grant the provider unlimited powers over the data.
International transfers and transmissions
Transfers to another controller and transmissions to a processor are governed by different rules. International transfers must comply with Article 26 of Law 1581 of 2012, including applicable requirements concerning adequate protection, exceptions or a declaration of conformity. Transmissions are governed by the specific provisions of Decree 1074 of 2015 and applicable SIC instructions. A server’s foreign location does not, by itself, establish compliance.
Copyright protection
Protected content is governed by Law 23 of 1982, its amendments and Andean Decision 351 of 1993. Reproduction, distribution, adaptation or communication to the public requires permission unless an exception applies. Online availability does not constitute a general licence. Both economic and moral rights, and the terms applicable to third-party material, must be respected.
Quotations and reuse of content
Article 31 of Law 23 of 1982 and Article 22(a) of Andean Decision 351 permit quotations subject to their statutory requirements. Identification of the author and source or work, fair practice and an extent justified by the purpose must be respected. Disguised substantial reproduction does not become a lawful quotation merely because a link or attribution is added.
Automated extraction and use of archives
Automated collection, extraction or reuse of texts, photographs, databases and other content must respect the rights actually protecting them and applicable exceptions. Using automated tools does not, by itself, expand permission to reuse content. This provision does not claim exclusive rights over facts, ideas or material that are legally unprotected.
Unsolicited materials and contributions
Submitting text, photographs, documents or other material does not guarantee publication or automatically create an entitlement to payment. Contributors must hold the necessary rights and identify restrictions on use or confidentiality requirements. Receipt does not constitute an unlimited assignment of rights. Professional contributions will be governed by the relevant agreement.
Protection of children and adolescents
Law 1098 of 2006, the Childhood and Adolescence Code, establishes special media responsibilities in Article 47. The priority of children’s rights and restrictions on interviewing or identifying child victims, perpetrators or witnesses of criminal acts must be respected. Exceptions and authorisations remain subject to the law and the child’s best interests; they do not justify harmful or discriminatory exposure.
Availability and nature of information
Content reflects the information available in its publication context. Services may be interrupted by maintenance, technical incidents or other circumstances. General information does not constitute individual legal, medical, financial or other professional advice. These qualifications do not exclude duties of care or the rights of customers purchasing services.
Applicable law and competent authorities
Applicable law and jurisdiction will be determined under the relevant Colombian and international rules and the nature of each relationship. This notice does not impose general exclusive jurisdiction on foreign courts or restrict access to Colombian authorities where they are competent. Specific service terms must respect applicable mandatory rules and consumer rights.
Legal validity and language versions
This notice is provided in Spanish and English. Both versions should be interpreted consistently, respecting the official texts and scope of the legislation cited. Invalidity of a provision does not permit its replacement with a restriction contrary to mandatory rights. Subsequent amendments will be identified by the update date and will not retrospectively alter acquired rights.
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